Suspenden a dos jueces involucrados en importación de "autos chocolate"

Desde hace tiempo, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) han exigido al Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) investigar al juez Daniel González Vargas, del segundo distrito de Baja California y a José Neals André Nalda, del tercer distrito de BC, por presuntas ilegalidades relacionadas con la importación de autos usados.

Al parecer, para calmar las aguas, González fue cambiado a Veracruz, donde continuaba con sus obligaciones, mientras que André fue a Guerrero. Por lo que la AMDA, a través de su presidente, Guillermo Prieto, reprochó esta acción: “la simple reubicación de jueces cuestionados formalmente ante el Consejo de la Judicatura Federal es un mensaje que promueve la impunidad y la opacidad. Es necesario que el máximo órgano de control del Poder Judicial concluya los procedimientos e informe a la sociedad sobre el particular, procediendo en su caso, a las sanciones administrativas o judiciales a que haya lugar”.

Las peticiones fueron escuchadas, al menos parcialmente, pues González fue suspendido sin goce de sueldo en lo que se investigaban la entrega “fuera de la legalidad” de suspensiones provisionales y definitivas para la importación de vehículos usados, con el objetivo de burlar las leyes a través de algún recurso que esté dentro de la ley.

Aún no se sabe qué pasó con el tercero en discordia, sin embargo, la AMIA y la AMDA aplaudieron esta acción ya que, si comparamos los coches nuevos que se han comercializado desde 2005 a abril de 2014 nos encontraremos que por cada diez autos que se colocan, entran ocho importados.

Eduardo Solis, presidente de la AMIA, recordó que la entrada de autos chocolate tiene un impacto indirecto en la comercialización de unidades nuevas, toda vez que quienes compran un auto importado dejan de comprar uno, con más de ocho años de antigüedad que le pertenezca a un mexicano. Al no poderse deshacer de éste, pospone la compra de una unidad más actual, situación que afecta de la misma manera a quien quiere vender un auto para comprarse otro nuevo.

En otras palabras es un espiral vicioso que termina por estancar la compra-venta.

Desde 2005, el gobierno federal aceptó que se importaran los autos usados con el requisito que cumplan con las normas ambientales fijadas en el país. Sin embargo y como ya es costumbre, muchas de las personas o empresas que se dedican a comercializar este tipo de vehículos están coludidos en una red de corrupción para evitar tener que cumplir con las normas.

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