Hay voluntad para crear una política integral de electromovilidad en México

Es necesaria una ruta de trabajo para que la transición a la electromovilidad en México sea más eficiente, por lo que los sectores público, privado y social han mostrado al voluntad para establecerla.

Este fue el tema principal del Foro "Construyendo el futuro de la Electromovilidad en México", organizado este miércoles por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, en el que miembros de las tres áreas compartieron los retos que sus gremios enfrentan en la actualidad y las áreas de oportunidad para garantizar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.

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El denominador común entre los ponentes fue establecer una política integral, eficiente y con razonabilidad, es decir, que se justifique su implementación en todos los sectores sociales. México es el quinto productor anual de vehículos, pero sólo el 0.05% representan vehículos eléctricos o alternativos. 

Adicionalmente, como refirió la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, es un compromiso que se debe hacer como humanidad.

"Si bien sabemos que la rectoría de las políticas sectoriales es del Estado, cada vez es mucho más creciente la necesidad de escuchar a otros sectores", comentó en entrevista la Mtra. Ana Gabriela Núñez Pérez, encargada de despacho de la Dirección General del CESOP.

"No se puede legislar ni emitir alguna acción pública sin escuchar a todos. Los foros son eventos para la ciudadanía en los que escuchan las voces; en este caso, desde cómo le hago para comprar un vehículo eléctrico. Ese quizá también es un gran reto para responder a este tipo de inquietudes".

En este foro particparon el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Dr. José Guillermo Zozaya Délano, quien compartió el documento “Recomendaciones para una Política Nacional de Electromovilidad en México” hecho por la firma Frost & Sullivan, en el que se estima que el 19.1% de las ventas de autos ligeros serán de híbridos y eléctricos (316,856 unidades). 

Pero actualmente, a pesar de ser el país con la mayor cantidad de estaciones de carga pública o semipública en América Latina (1,336), hay un total de 3,206 conectores, un promedio de 2.4 por estación. A esto se suma la obligación de incrementar los empleos que genera el sector y fortalecer la cadena de suministro regional.

Luis Lozano Olivares, presidente de Toyota México, también compartió los logros alcanzados mediante el Esquema CASE (Conectividad-Autonomía-Compartido-Electrificación) que la marca presentó en 2015, pero así como todas las partes, coincide en que una transición ordenada implica la necesidad de tener energías limpias, infraestructura en áreas como recarga de carreteras y baterías y la misma actividad minera para fabricar estas últimas.

Si bien este foro es el primer paso para generar conciencia entre sociedad, gobiernos y empresas, el verdadero reto sigue a continuación, al plasmarla en políticas en la que haya participación de los sectores.

"Empieza la reflexión, el agrupar esta información, transformarla en decisiones que impacten, incidan y modifiquen algún aspecto en particular", afirmó la Mtra. Núñez Pérez.

 

"Sin duda alguna, es un gran inicio y seguramente habrá de redundar en alguna política pública o modificación legislativa".

Al foro también asistieron Noriteru Fukushima, embajador de Japón en México, Takaaki Kuga, presidente de Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, los diputados Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, presidenta del Grupo de Amistad México-Japón, Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y Reginaldo Sandoval Flores, presidente de la Comisión de Infraestructura.

Otros ponentes fueron Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Ana Karla Torres Gómez y Alya Ramos Elorduy, investigadoras del CESOP, Vicente Said Morales, del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), Ilich García Castellanos, del Centro de Estudios para las Finanzas Públicos (CEFP), Lorenzo Ortega Martínez, director general de Voltway, y Miguel Ogazón del Abrego, director técnico y de Ingeniería de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).