¿Adónde va el dinero que pagas en las casetas de peaje?

Año con año la historia se repite, incluso varias veces en pocos meses, el costo del peaje de las autopistas en México se eleva, justificado en la inflación, pero pocas veces reflejado en un mejor servicio para los usuarios de la vía. 

Desde finales de los años 80, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga concesiones a entidades gubernamentales y particulares para la construcción y administración de los caminos de cuota, obligándolos a cumplir con diversas obligaciones.

“La Dirección General de Desarrollo Carretero forma parte de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

“Entre sus principales atribuciones destacan, planear el desarrollo estratégico de la red federal de carreteras; así como realizar los procesos de licitación para el otorgamiento de concesiones de infraestructura carretera, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de enero de 2009”, publica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su página de internet. 

Las concesiones se otorgan a 25 o 30 años, para que se pueda recuperar la inversión. Con ello, el grupo que recibe el título tiene que encargarse de toda la obra con recursos propios, aunque en algunos casos puede recibir algunos fondos públicos de Banobras o bancos privados. 

Sin embargo, estos contratos se han ampliado, por ejemplo, la carretera Constituyentes-La Venta (1989), que va del poniente de la Ciudad de México a Toluca, y es una de las más caras del país, fue la primera concesión que entregó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y, en teoría, tendría que haber finalizado ya, sin embargo, en el sexenio anterior se entregaron varias adendas a estas concesiones y este tramo, entre otros muchos, quedarán en manos de la constructora hasta al menos 2049. 

Durante 2019, 529 millones 906 mil 615 vehículos utilizaron la red de autopistas de nuestro país, siendo la México-Pachuca la más transitada con 30 millones de usuarios. 

Además de las concesiones para las autopistas de cuota, existe otro tipo de concesión, que se llama Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), donde la constructora no coloca casetas de peaje, sino que le cobra directamente al gobierno por la construcción, administración y cuidado de la carretera. 

La operadora gubernamental de las autopistas del país se llama Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), que es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal de México Actualmente Capufe tiene a su cargo 42 autopistas y 32 puentes de cuota, lo que representa 44% de la red carretera del país y 62% de los puentes de cobro, que son parte de la Red de caminos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), un fondo que se creó en 2008 para apoyar el financiamiento de los principales proyectos planteados en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 y sustituyó al Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas FARAC. También opera las carreteras de Banobras. 

Por su parte, desde 1989 hasta 2018, se han entregado 48 concesiones a empresas particulares, entre las que destacan las empresas ICA, Grupo Aleatica, Isolux-Corsán, AZVI-Cointer, Globalvía, Aldesa y Goldman Sachs Infraestructure Partner (GSIP), entre otros. 

Todas estas empresas tienen la obligación de tener la carpeta asfáltica en buen estado, los acotamientos, las barreras de contención, toda la señalética, además de prevenir incidentes como la posibilidad del desgajamiento de un cerro o la entrada de ganado (semovientes) a la vía, que pueda poner en peligro a los usuarios. 

Desafortunadamente no todos los concesionarios han hecho lo necesario para garantizar ese buen estado, por lo que desde hace algunos años el Gobierno Federal está buscando la forma de retirarles las concesiones, aunque será algo complicado, pues los millones invertidos y los millones de pesos que se obtienen año con año, hacen de estas obras, jugosos negocios.

“El contrato contempla la rescisión de la concesión si no se cumplen las cláusulas, hay argumentos jurídicos legales, la puede adquirir Gobierno del Estado y hacer un negocio como una paraestatal”, afirmó el presidente de Coparmex Sinaloa, Guillermo Gastélum Bon Bustamante, por los elevados costos de vías como la autopista Culiacán-Mazatlán, que ha incrementado su precio, sin ofrecer una infraestructura al nivel.

 

También se han elevado voces de otras entidades, pidiendo que el gobierno obligue a los concesionarios a tener los caminos en esta óptimo, para justificar el incremento en los precios. 

Por otro lado, estos ajustes no sólo afectan a los usuarios particulares de las carreteras, también lo hacen con el transporte de mercancías, que tiene que elevar los precios para movilizar los productos, mismo que impacta el precio final de los mismos. 

Los incrementos en los peajes seguirán ocurriendo, pero lo único que nos queda esperar es que el gobierno mexicano exija a sus concesionarios el cumplimiento de los contratos para que podamos tener mejores autopistas en el país.